En un trabajo reciente, Agenor, Ozdemir y Moreira (2018) desarrollaron un modelo de generaciones traslapadas para cuantificar las repercusiones macroeconómicas de la adopción, por un país dado, de la política pública de reducir la brecha de género en salarios. Los resultados indicaron que, entre otros efectos, las mujeres optaban por incrementar las inversiones en su educación, lo que daba lugar a aumentos subsecuentes de sus salarios y, así, adquirían mayor poder de decisión en el hogar con relación al manejo del presupuesto familiar, lo que se manifestaba en la caída del consumo corriente y en el aumento del ahorro.

Estos resultados son semejantes a los reportados por otros autores que han detectado diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al destino de los rubros presupuestarios familiares². Blumberg (1988), Kumar (1978), Thomas (1992) y Handa (1994) han presentado evidencia de que las mujeres son más inclinadas que los hombres a gastar los recursos bajo su responsabilidad en la nutrición de sus hijas e hijos. El análisis de Thomas (1992) de hogares urbanos de Brasil encontró que el ingreso bajo el control de la madre tenía un mayor impacto sobre la salud de la familia que el ingreso del padre. Gayer (1988) ha reportado que en Camerún las mujeres gastaban 74 por ciento de sus ingresos en la dieta familiar, mientras que los hombres gastaban solamente 22 por ciento en ese rubro. Por su parte, Kumar (1978) mostró que en Kerala, India, el nivel de nutrición de los infantes tenía correlación positiva con el ingreso de la madre, pero no respondía al ingreso del padre.

Estos estudios hacen ver que, en el seno del hogar, las mujeres tienen inclinaciones y propósitos diferentes a los de los hombres con relación al uso de los recursos monetarios bajo su control.

En el mismo sentido, también se encuentran diferencias de género en el campo de las finanzas. Dado que sus salarios son más bajos que los de los hombres y tienen responsabilidades ineludibles en el hogar, las mujeres tienden a tener mayor precaución y cautela en sus inversiones financieras. Hinz, McCarthy y Turner (1996) encontraron que las mujeres invierten en sus pensiones de jubilación de manera más conservadora que los hombres, mientras que Hungerford (1999) reportó que las mujeres contribuían mayores montos a sus planes de pensiones que los hombres. Jianakoplos y Bernasek (1998) analizaron datos del US Survey of Consumer Finances y encontraron que las mujeres solteras tenían más aversión al riesgo que los hombres solteros o casados, y que a medida de que la riqueza individual aumentaba, el porcentaje de activos riesgosos adquiridos por mujeres era mucho más bajo que el de los hombres. Por su parte, Sahay y Cihak (2018) han reportado que la participación de las mujeres en el directorio de bancos daba lugar al logro de mayor rendimiento del capital y a bajos índices de préstamos de dudosa recuperación, y que la participación de las mujeres en los entes de supervisión bancaria estaba asociada con sistemas financieros estables.

Los párrafos anteriores presentan evidencia de que cuando las mujeres aumentan sus ingresos adquieren mayor capacidad de decisión en el hogar en cuanto a la estructura del presupuesto familiar, y destinan mayores montos de recursos a rubros que benefician a sus hijas e hijos. También se desprende de la literatura reseñada que las mujeres son más adversas al riesgo financiero que los hombres.

Por otra parte, hay que traer a cuenta la evidencia de que cuando un hombre incurre en situación de desempleo, su esposa o compañera de vida entra al mercado laboral para compensar la pérdida de ingresos y mantener a flote el hogar. Este es el fenómeno del “trabajador adicional” que ha sido detectado, entre otros países, en México (Mckenzie, 2003), Argentina (Cerruti, 2000), Chile (Paz, 2008) y Brasil (Fernades y de Felicio, 2000). Así mismo, el análisis de Fuentes Castro et al. (2012) sobre las razones que inducen a las mujeres, personas con discapacidades y de la tercera edad a vender en las calles de la ciudad de México, es el propósito de contribuir ingresos al hogar. Estos casos denotan la voluntad de la mujer de proteger el hogar ante las vicisitudes económicas que se traducen en caídas del ingreso familiar.

Smith y Ward (1985) han reportado que la elasticidad de la participación femenina ante el aumento de los salarios es de mayor dimensión que la elasticidad de la participación de los hombres; las respectivas elasticidades son de 0.3 y -0.1, es decir, los hombres se retiran del mercado laboral ante el aumento de los salarios, mientras que las mujeres se incorporan al mismo. Tokman (2000) ha presentado evidencia de que en Chile el aumento de la participación laboral femenina en los años noventa obedeció al aumento de los salarios.

Esta evidencia refleja el reconocimiento por parte de las mujeres de su situación endeble o precaria en el mercado laboral, ya sea porque ganan menos que los hombres, o por el acoso y las arbitrariedades que ocurren en sus puestos de trabajo, aspectos que las obliga a ser cautelosas. Es decir, además de su intrínseca o innata vocación por la protección de la familia, las mujeres son más cautelosas en materia financiera, en respuesta a la cultura de abuso y arbitrariedades en que se desenvuelven. La implicación es que, en su misión de servir de escudo al hogar, y por su aversión al riesgo ante el reconocimiento de su vulnerabilidad, las mujeres tendrán mayor propensión al ahorro que los hombres.

Seguino (2000) desarrolló un modelo postulando que el aumento del ingreso de la mujer en el hogar incrementaba su capacidad de decisión con relación al destino de los rubros del presupuesto familiar, aumentando así el ahorro del país respectivo³. Esta autora propone un modelo econométrico para explicar la tasa de ahorro interno en términos de las tasas de interés, de inflación, de dependencia demográfica, de crecimiento económico y de los términos de intercambio, incluyendo además la tasa de empleo femenino, así como la ratio de los ingresos de las mujeres a los de los hombres multiplicado por la tasa de empleo femenino. La estimación del modelo con datos panel del periodo 1975-1995 de 70 países, indico que el aumento del ingreso de las mujeres relativo al de los hombres conducía a aumentar la tasa de ahorro interno.

El papel del ahorro con relación a la inversión y al crecimiento económico ha sido objeto de un largo debate; por una parte, la posición neoclásica sostiene que el ahorro determina la inversión y por tanto el crecimiento. Por otra parte, la versión post-keynesiana mantiene que la inversión determina el ahorro y el crecimiento económico. Numerosos estudios de causalidad entre el ahorro y la inversión han demostrado para muchos países, que la causalidad se transmite, en el sentido de Granger, del ahorro a la inversión, por ejemplo, en Tunisia (Bassam, 2010), en la India (Patra y Sofi, 2016; Jangili 2011), Turquía, (Karahan, 2018), Costa de Marfil, Niger y Benin (Esso y Keho, 2010), México, (Alguacil, Cuadros y Orts, 2004), Nigeria, (Oladipo, 2010), mientras que Misztal (2010) he mostrado que la dirección de la causalidad del ahorro a la inversión ocurre tanto en países en vías de desarrollo como en los desarrollados. En base a esta evidencia, se puede inferir que el ahorro determina la inversión y el crecimiento económico y, dado que la desigualdad de género es un obstáculo a la movilización de ahorro, constituye también un obstáculo al dinamismo económico.

En este trabajo se estima un modelo para el ahorro interno usando datos de corte transversal de 17 países latinoamericanos, correspondientes a 2016. Se reconoce que el reducido tamaño de la muestra podría dar lugar a resultados no robustos, pero ante la ausencia de mayor numero de datos los resultados deben interpretarse bajo esta limitante. Para representar la capacidad de decisión de la mujer en el hogar se usa la ratio del ingreso anual femenino al masculino, ambos per cápita, que entra en las ecuaciones como una variable independiente y, en otros casos, entra multiplicada por la tasa de empleo femenino para representar el acceso de las mujeres al mercado laboral⁴.

Un primer modelo usa el indicador de desigualdad de género, (IDG), como variable independiente. Este índice comprende lo referente a la desigualdad de género con respecto a la salud (la mortalidad maternal y la tasa de fertilidad de adolescentes), la brecha en empoderamiento (las brechas en educación secundaria y de sillas en el parlamento) y la brecha en la participación en la economía (la brecha en las tasas de participación laboral). El IDG muestra coeficientes significativos y negativos, de lo que se deduce que el género impacta al ahorro no solo a través del ingreso femenino relativo al masculino, sino también por medio de la discriminación contra las mujeres en cuanto a salud, participación laboral y empoderamiento. En este modelo también se incluyen la ratio del empleo femenino al masculino, así como el porcentaje de las remesas a PIB, como variables independientes.

En un segundo modelo, se usa el índice de oportunidad humana, (IOH), desarrollado por el Banco Mundial (Molinas et al., 2011), que es un indicador de movilidad social. El IOH mide el grado en que las niñas y los niños de un país dado tengan iguales oportunidades de acceso a servicios de educación, salud, agua, electricidad, vivienda, así como también a terminar el sexto grado en el periodo reglamentario, independientemente del ingreso de sus padres y del lugar de residencia. Este índice tiene altas correlaciones con el crecimiento económico y con el dinamismo de las exportaciones, como se muestra en Cáceres (2018).

Además del IOH, este modelo usa otras variables independientes, el ratio del ingreso femenino al masculino, la tasa de dependencia demográfica, la dimensión de la economía subterránea como porcentaje del PIB, y el porcentaje de la población femenina con educación secundaria.

En este trabajo se abordan diversos temas porque la literatura sobre las implicaciones macroeconómica de la desigualdad de género no ha recibido mucha atención en América Latina. Se espera que el análisis de varios temas servirá para motivar a investigadores a desarrollar esos temas en trabajos de mayor extensión.

Este trabajo muestra resultados que no han sido reportados en la literatura sobre el papel de la desigualdad de género, específicamente su papel en incrementar la vulnerabilidad macroeconómica de un país en cuestión; los resultados que muestran el impacto de la brecha de ingresos femenino y masculino sobre la violencia intrafamiliar tampoco han sido reportados en la literatura para los países latinoamericanos. Además, este es el único trabajo que trata exclusivamente con los países latinoamericanos, y junto con el estudio de Seguino (2000), se sustenta en la estimación de ecuaciones econométricas, ya que el trabajo de Agenor et. al. es un modelo de equilibrio general.

La fuente de datos es el Reporte del Desarrollo Humano 2016, (UNDP, 2016) excepto en casos en que se señala otra fuente de datos específica. Todas las variables fueron objeto de pruebas de raíz unitaria por medio del estadístico ADF ampliado, con resultados que indicaron que las siguientes variables eran integradas de orden uno: ahorro interno, participación masculina, participación femenina, estado de derecho, tasa de dependencia, shadow, ingreso masculino, ingreso femenino, remesas, ingreso femenino/ingreso masculino, IOH*(ingreso masculino/ingreso femenino). Otras variables resultaron ser estacionarias al nivel de 5 por ciento: empleo femenino, empleo masculino, participación femenina/participación masculina.

En vista de que las ecuaciones a ser estimadas incluyen variables estacionarias así como otras que son I(1), se optó por realizar las estimaciones usando la metodología de “Fully Modified Least Squares” de Phillips y Hansen (1990). Se reconoce que las ecuaciones estimadas presentadas en los cuadros 1, 2 y 3 pueden ser sujetas a problemas de endogeneidad y de variables omitidas.

Llama la atención que la relación entre el IOH y la ratio del ingreso femenino al masculino, que se observa en el gráfico 3, no es lineal sino cuadrática, y muestra rendimientos decrecientes después de que el IOH supera el valor de 0.72. Altos valores del IOH corresponden a los países con más altos niveles de PIB per cápita, de manera que el gráfico 3 significa que, en la medida en que el IOH aumenta, la economía se vuelve más compleja, y la disparidad entre los ingresos correspondientes a hombres y mujeres se acentúa en favor de los primeros.

Gráfico 3 Fuente: elaboración del autor.

La ecuación estimada es la siguiente:

Ingreso femenino/ingreso masculino = -0.6143 + 0.0347IOH - 0.00247(IOH)(IOH)

(2.02) (3.82) (3.73)

R cuadrado = 0.52

Este resultado se puede interpretar como una manifestación de la segregación ocupacional de las mujeres quienes, aunque existan oportunidades de educación superior, continúan optando por las carreras “tradicionales” de enfermería, magisterio, secretariado, mientras que los hombres escogen carreras donde se ganan salarios altos, como las ingenierías, las ciencias y la tecnología, entre otras.

Lo anterior implica que existe un gran potencial para incrementar el ahorro interno y el crecimiento económico que puede ser aprovechado en la medida en que mayor número de mujeres opten por cursar estudios en las áreas “típicas” de los hombres, de manera que el ratio de ingresos femenino a masculino no tienda a caer. En otras palabras, los avances en el combate a la segregación sectorial de carreras universitarias pueden conducir a incrementar las tasas de ahorro interno y de crecimiento económico.

El gráfico 4 describe el papel de la reducción de la desigualdad de género y del aumento de la tributación en el aumento del ahorro y en la disminución de la vulnerabilidad macroeconómica de un país dado.

Gráfico 4 Fuente: elaboración del autor.

El cuadrante 1 muestra el aumento del gasto público en educación a medida que aumentan los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, Tax; mientras que en el cuadrante 2 se aprecia que el IDG cae ante el aumento del gasto en educación, según la evidencia presentada por Cáceres (2018) para una muestra de 12 países de América Latina con datos de 2012⁵.

El cuadrante 3 muestra la relación inversa entre el IDG y el ahorro interno, como se puso en evidencia en la ecuación 1 del cuadro 1. Con esa base se construye en el cuadrante 4 la relación positiva entre la recaudación de impuestos y la tasa de ahorro interno. De acuerdo con la iidentidad macroeconómica, el cuadrante 5 presenta la relación positiva entre el ahorro interno y la inversión, mientras que el cuadrante 6 muestra la relación negativa entre ahorro interno y externo.

El cuadrante 7 representa el aumento de la tasa de crecimiento económico en respuesta al aumento de la inversión, lo cual permite construir en el cuadrante 8 una relación positiva entre el aumento de la tributación y la tasa de crecimiento económico, y en el cuadrante 9, la relación negativa entre esta tasa y el IDG, relación que ha sido puesta en evidencia por varios autores para países en vías de desarrollo, según consta en la reseña de Klasen (2018).

En el cuadrante 10, se postula la existencia de una relación positiva entre la tasa de ahorro externo, es decir, el déficit en la cuenta corriente, y la vulnerabilidad económica. El déficit en la cuenta corriente conduce a la acumulación de deuda externa y esta es un determinante de crisis financieras y cambiarias (Frankel y Saravelos, 1994), por lo que se puede asociar el déficit en la cuenta corriente con la vulnerabilidad económica.

Con esa base, se construye en el cuadrante 11 una relación negativa entre la vulnerabilidad y la inversión, y en el cuadrante 12 otra relación que hace ver que la vulnerabilidad cae al aumentar la tributación, mientras que en el cuadrante 13 se aprecia que la vulnerabilidad aumenta con el incremento de la desigualdad de género.

Para validar lo expuesto en el gráfico 4, se presenta en el gráfico 5, tomado de Cáceres (2017) y construido con datos de panel de países latinoamericanos, la relación positiva entre la ratio de ingresos tributarios a PIB, Tax, y las reservas internacionales per cápita, ambos de 2013. Esta relación obedece al supuesto de que una mayor recaudación tributaria permite incrementar el gasto social, especialmente el de educación, lo que conduce a la reducción de la desigualdad de género y al aumento del ahorro interno, y así a la caída del ahorro externo y, por tanto, a una menor acumulación de deuda externa. La caída de las reservas internacionales ha sido identificada por Sachs, Tornell y Velasco (1996) como detonador de crisis de balanza de pagos, mientras que Kaminsky, Elizondo y Reinhart (1996) reportaron que la reducción de las reservas era un indicador temprano de crisis financieras.

Gráfico 5 Fuente: elaboración del autor.

Se observa que en los países latinoamericanos a mayor esfuerzo tributario corresponde más baja vulnerabilidad económica⁶, que es la relación mostrada en el cuadrante 12 del grafico 4.

También se observa en la ecuación siguiente una relación negativa entre el IDG y las reservas per cápita, ambos de 2015, lo cual pone en evidencia el papel de la desigualdad de género en socavar la estabilidad macroeconómica y en aumentar la vulnerabilidad:

Reservas per cápita = 5926.747 -11788.88 IDG

(7.24) (5.93)

R cuadrado = 0.45

Estos resultados hacen ver que la reducción de la desigualdad de género, así como el aumento del esfuerzo tributario, constituye valiosas políticas de prudencia macroeconómica.

Es válido argumentar que la desigualdad de género representa una serie de situaciones en las cuales prevalecen acciones de discriminación contra la mujer en el mercado laboral, así como arbitrariedades y situaciones de violencia, acoso e intimidación, las cuales pueden pasar inadvertidas o no ser penalizadas. Esto puede dar lugar a la aceptación social de un patrón de conducta, sobre todo por la impunidad con que es recibido. Dicho patrón podría enviar mensajes a la sociedad de que la arbitrariedad es permitida y que puede expandirse a otras esferas de la sociedad. Es decir, la desigualdad de género puede dar lugar a un “efecto de dominó” de irrespeto a las leyes que conduce a la debilidad institucional, así como a un ambiente propicio a la violencia. O sea que la desigualdad de género podría “contaminar” el ambiente institucional de un país y pudiera servir como una “invitación” para irrespetar la ley.

Para corroborar el papel adverso de la desigualdad de género sobre el respeto a la ley, el cuadro 3 presenta una serie de ecuaciones econométricas entre indicadores de desigualdad de género y de violencia y de solidez institucional.

Cuadro 3

La ecuación (1) del cuadro 3 indica que el IDG tiene un coeficiente significativo y positivo, implicando que a medida de que este índice aumenta, el número de homicidios anuales por 100,000 personas en el respectivo país también aumenta⁷. Esta ecuación explica casi tres cuartas partes de la variabilidad de la tasa de homicidios, lo que hace ver el papel determinante de la desigualdad de género en la violencia.

La ecuación (2) implica que la tasa de homicidios cae a medida de que aumenta la ratio entre el empleo femenino al masculino. Esta ecuación explica cerca de 4 quintas partes de la varianza de la tasa de homicidios. Es decir, el empleo femenino es un verdadero antídoto para los homicidios (véase gráfico 6).

Gráfico 6

El índice de control de corrupción, tomado del Banco Mundial⁸, es la variable dependiente en la ecuación (3) y el IDG tiene un coeficiente negativo y significativo, lo que denota su papel en socavar la solidez institucional.

En la ecuación (4), la variable dependiente es el índice de estado de derecho y muestra que el IDG tiene un coeficiente significativo y negativo, lo cual implica que, ante un aumento de la desigualdad de género, el marco institucional del respectivo país se deteriora.

El punto que se debe destacar es que la “contaminación” producida por la desigualdad de género es tal que la resultante debilidad institucional merma la capacidad de movilización de ahorro interno, como se aprecia en la ecuación (5) del cuadro 3. La ecuación indica que si Honduras mejorara su índice de estado de derecho de su valor de -0.83 al valor correspondiente a Chile (1.21), el incremento del índice de estado de derecho en 1.38 daría lugar al aumento de su tasa de ahorro interno en aproximadamente 5 puntos porcentuales.

En el contexto de los resultados anteriores, se debe hacer referencia a Wyndow, Li y Mattes (2013), quienes mostraron que la democratización de un país avanza en paralelo a la educación y participación laboral de las mujeres.

Hay que hacer referencia al estudio de Aizer (2007) que analizó el origen de la violencia contra la mujer en el hogar, cuyos resultados pusieron en evidencia que a medida de que la contribución monetaria de la mujer al hogar aumentaba, su poder de negociación mejoraba, ya que tenía opciones para salir de la relación, a la vez que su pareja temía perder el ingreso que la mujer aportaba al hogar; en consecuencia, la violencia familiar disminuía. Es decir, la mejor situación de la mujer en el mercado laboral le permitía “comprar seguridad” en la relación. La autora señaló que, si existiera la paridad de género en los salarios, la violencia doméstica disminuiría en 16% en el estado de California de los EE. UU.

Para investigar si estos resultados se reproducen en América Latina, se usaron datos de 7 países para los cuales existen datos anuales promedio del periodo 2005-2015 de incidentes de violencia sufrida por la mujer de parte de su esposo o compañero de vida, que se muestran en el gráfico 7 en términos de la razón del ingreso anual per cápita femenino a masculino⁹. Este gráfico muestra lo contrario al modelo de Aizer, ya que la violencia contra la mujer en el hogar aumenta a medida de que los ingresos de la mujer mejoran con relación a los de su esposo o compañero de vida.

Gráfico 7 Fuente: elaboración del autor.

La ecuación estimada es:

Actos de violencia contra la mujer por su pareja= -18.1952 + 86.1214 Ingreso femenino/ingreso masculino

(1.55) (4.35)

R cuadrado = 0.72

Es decir, el hecho de que las mujeres tengan crecientes ingresos relativos a los de sus parejas detona situaciones de agresión de sus esposos o compañeros de vida. Una extensa literatura ha mostrado que el aumento el ingreso de las mujeres hace que su pareja sienta que su masculinidad ha mermado, y teme perder su control del hogar, ante lo cual recurre a la violencia para afirmar su dominación (Molm, 1989; Johnson, 1995; Macmillan y Gartner, 1999).

Hay que apuntar que la violencia contra las mujeres no tiene relación con su educación, tanto las mujeres con altos y bajos niveles de educación son victimas de este flagelo. Mas bien, este es un problema de los hombres, que sienten que deben hacer palpable su dominio por medio de la violencia.

Un elemento que influye en estos resultados es la suposición por el hombre de que su compañera no va a recurrir a buscar el divorcio, y que no lo va a abandonar, es decir, asume que la mujer no tiene opciones, y por lo tanto el hombre puede dar rienda suelta a sus distorsiones mentales patriarcales consciente de que la esposa o compañera permanecerá en el hogar. Existe evidencia de los EE. UU. de que, con el propósito de que su cónyugue no abandone el hogar, y buscando mantener su posición dominante, el hombre recurre a oponerse a que su esposa opte por buscar empleo, y también a que continúe sus estudios, de manera que si esta terminara la relación tendría pocas oportunidades en el mercado laboral¹⁰. La ironía es que, al incrementar sus ingresos, la mujer contribuye a aumentar el ahorro interno y el crecimiento económico, y como “premio” recibe el abuso de su esposo o compañero de vida.

Esto señala la importancia de facilitar el proceso de divorcio, de eliminar la impunidad por actos de violencia en el hogar, y de ofrecer protección a las mujeres que se retiren de sus parejas violentas. Stevenson y Wolfers (2006) presentaron evidencia para los EE. UU. de que la puesta en vigencia de leyes que permitían el divorcio con base en la solicitud de solo un miembro de la pareja (en la mayoría de los casos, la mujer), ha dado lugar a la reducción de la violencia doméstica (homicidios). Estos autores también indican que el divorcio ha reducido el número de mujeres que se suicidan.

La importancia de medidas de este tipo se hace evidente al tomar en cuenta que los hijos que observan violencia doméstica reproducen el mismo patrón de violencia en su hogar cuando contraen matrimonio, es decir, la violencia contra la mujer en el hogar se “hereda” del padre, de una generación a otra (Pollak, 2002).

Con el propósito de situar las acciones dirigidas a promover la igualdad de género en un marco estratégico que imparta directrices claras sobre el quehacer gubernamental en materia de género en el respectivo país, es conveniente estructurar una visión consolidada de lo que el gobierno plantea llevar a cabo en cuanto a la reducción de las disparidades de género en el corto y mediano plazo. Esta visión se enmarcaría en una estrategia de género de país.

Esta estrategia de país de género tendría los siguientes objetivos:

Presentar una visión consolidada de los objetivos, los mecanismos, las acciones prioritarias y los indicadores de avance que permita mantener claridad y compromiso institucional en cuanto a las acciones que serán desarrolladas.

El esquema de la estrategia de país de género se presenta en el gráfico 8.

I) El primer elemento es el diagnóstico de la situación de la mujer en el país respectivo, que comprendería, entre otros, los siguientes aspectos:

Legislación nacional en cuanto a herencia, propiedad de la tierra, acceso al crédito, aborto, divorcio, acoso en el trabajo, violencia intrafamiliar, violencia contra la niñez, salud reproductiva, vacaciones por maternidad y paternidad. Vacíos y obstáculos encontrados.

Gráfico 8 Fuente: elaboración del autor.

Cuadro 4

De especial importancia es la creación del Fondo Latinoamericano de la Mujer como un instrumento para facilitar la captación de recursos financieros y de cooperación técnica para canalizarlos a los países de acuerdo con un marco de políticas y programación definidas. Este mecanismo contribuiría a posicionar las tareas en beneficio de la paridad de género en un contexto más visible, a la vez que contribuiría a ahondar y a expandir el diálogo nacional y regional sobre la importancia del tema de género en los países miembros y sobre las falencias existentes.

El Fondo podría constituirse dentro de la estructura financiera, operativa y administrativa institucional de un organismo financiero regional existente en la región, con apoyo de capital inicial originado en aportes de países miembros, y de otros países u organismos internacionales, que estuviesen interesados en apoyar a las tareas de reducir la disparidad de género en la región. Las capitalizaciones se llevarían a cabo cada 5 años en el marco de objetivos y metas establecidos para ese periodo, que por supuesto serían congruentes con las estrategias de asistencia al país y de género de país.

El capital inicial sería complementado con aportes obtenidos que la institución obtendría de sus gestiones de consecución de recursos ante los mercados de capital y otros organismos financieros internacionales.

Las capitalizaciones subsecuentes se llevarían a cabo con base en documentos de reposición de recursos, que establecerían los correspondientes objetivos y metas y los montos de recursos a ser otorgados a los países en el periodo de 5 años.

El Fondo podrá otorgar préstamos o cooperación técnica individualmente o en cofinanciamiento con otros organismos financieros internacionales. Los recursos de cooperación técnica se originarían en donaciones recibidas de países amigos o de organismos internacionales, así como en un porcentaje de las utilidades de la institución en un año, o periodo, dado.

El Fondo operaría en el marco y en las directrices de las políticas institucionales del organismo regional correspondiente, así como con base en sus propias políticas y reglamentos. Estos últimos comprenderían aspectos como los siguientes:

Objetivos

Los resultados presentados en este trabajo constituyen evidencia categórica de que la desigualdad de género representa un significativo obstáculo al aumento del ahorro interno y, por ende, del crecimiento económico. Además, el IDG tiene asociaciones negativas con los indicadores de control de corrupción y de estado de derecho, implicando que la desigualdad de género debilita las instituciones. De particular importancia es el papel adverso de la desigualdad de género sobre la estabilidad macroeconómica.

Estos resultados hacen ver la conveniencia de que la desigualdad de género se ubique en la agenda de desarrollo y estabilidad macroeconómica con la misma prioridad otorgada a la inflación, el tipo de cambio y las exportaciones. Esto es de especial importancia, ya que la efectividad de las políticas económicas tradicionales es afectada por la desigualdad de género. Es posible que una economía permanezca en una trampa de desigualdad de género, en la cual las políticas monetarias y fiscales tradicionales no hagan mella en la superación del estancamiento económico, en reducir la pobreza o en alcanzar la estabilidad financiera, en virtud de los impactos negativos sobre el ahorro interno, sobre la calidad de las instituciones, y sobre la estabilidad macroeconómica, ejercidos por la desigualdad de género, exhibiendo así la economía una tendencia a la crisis.

La serie de intentos fallidos para el logro del desarrollo económico, pasando de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones, llegando al triste fiasco del Consenso de Washington, a la fiebre de acuerdos de libre comercio y al boom de los precios de bienes primarios de exportación, para desembocar en las recesiones ocasionadas por el fin de dicho boom, obligan a tomar en cuenta la evidencia presentada por Easterlin (1981) de que los países ahora desarrollados lograron grandes avances en su situación social, particularmente en la educación, como paso previo al despegue económico. También hay que tomar en cuenta el señalamiento de Stiglitz (2002) de que los países ahora desarrollados no pusieron en vigor, en sus pasos iniciales de industrialización, las medidas de políticas comprendidas en dicho Consenso, sino que se caracterizaron por el proteccionismo.

Es urgente enfilar los esfuerzos de desarrollo hacia el avance significativo en el desarrollo de capital humano y, en especial, en el logro de la paridad de género en sus diferentes manifestaciones. Estas son medidas que cuentan con respaldo económico e histórico, al contrario de la parafernalia de “libre comercio”, “competencia”, “mercados” y otros.

El principal obstáculo para incrementar la atención decidida del sector social ha sido la tradicional debilidad de las finanzas públicas, como resultado de la también tradicional oposición por los grupos de altos ingresos a incrementar la tributación, lo que ha significado un “tope” al monto de recursos destinados al gasto social. Esta situación es otra manifestación de la “cultura” de abuso, como la ha llamado la CEPAL (2018), que prevalece en la región y que socava los intentos hacia el desarrollo, dándole continuidad al subdesarrollo.

El deterioro que se observa en algunos países en materia de violencia y emigración irregular debería servir para concientizarse de que los modelos tradicionales no han procurado avances categóricos y autosostenidos en la ruta del desarrollo, y para emprender reformas fiscales conducentes a incrementar la tributación de los estratos de altos ingresos, destinando los recursos así obtenidos al desarrollo social. Hay que apuntar que el IDG explica tres cuartas partes de la tasa de homicidios de la región; dado que el costo de la violencia alcanza a nivel regional, según diversas estimaciones, entre 12 y 22 por ciento del PIB, las inversiones en la igualdad de género conducirían a reducir la violencia en un esquema en que dichas inversiones podrían pagarse por sí mismas.

Dada la evidencia de que la tasa de homicidios cae con el aumento de la ratio de empleo femenino a masculino, se deduce la importancia de otorgar la máxima prioridad al establecimiento de redes nacionales de guarderías infantiles que permitan a las madres continuar sus estudios e ingresar al mercado laboral, y a las madres jóvenes, especialmente a las solteras, continuar sus estudios, a la vez que se pueden complementar con programas de atención temprana a la infancia. Existe evidencia de que la incidencia de la pobreza es muy acentuada para las mujeres solteras jefes de hogar¹¹.

Así mismo, en vista de la evidencia de los estudios que han mostrado que el aumento de los salarios conduce a incrementar la participación femenina (Smith y Ward, 1985; Tokman, 2000) con base en los resultados de este trabajo es válido argumentar que tal aumento contribuiría a incrementar el ahorro nacional y, por tanto, el crecimiento económico, y a reducir la violencia y a mejorar la calidad de las instituciones. Es decir, el aumento oportuno de los salarios es una inversión en paz, gobernabilidad y desarrollo.

Dada la evidencia de que la reducción de la desigualdad de género conduce a aumentar la tasa de ahorro interno, es válido postular que el incremento del ahorro contribuiría a aumentar la tasa de crecimiento económico del respectivo país y, por ende, sus importaciones de países vecinos aumentarían. Este desparrame de crecimiento económico entre países originado en la reducción de la desigualdad de género en uno o varios países, hace ver la conveniencia de que los países latinoamericanos adoptaran compromisos vinculantes de alcance regional para llevar a cabo políticas y programas destinados a reducir la desigualdad de género, y así aprovechar las que se podrían llamar economías externas de género. Esto se podría instrumentalizar por medio de la preparación de estrategias nacionales de género, preparadas a partir de la adopción por los países de directrices y compromisos regionales. Un complemento de dichas estrategias seria la creación del Fondo Latinoamericano de la Mujer.

Los resultados obtenidos en este trabajo deberían ser otra motivación para colocar a la igualdad de género como un importante objetivo dentro de los programas de integración regional y subregional que se están dando en la región. Es decir, la dimensión de género puede otorgar a la integración regional un asidero importante que haga viable el logro de metas de desarrollo económico y social que han sido elusivas en el marco de los actuales esquemas de integración que descansan casi exclusivamente en el comercio de bienes. Los resultados también indican la importancia de que la reducción de la desigualdad de genero sea parte del conjunto de políticas de estabilización económica de los países.