La estrategia “Europa 2020”, puesta en marcha en 2010 por los países miembros de la Unión Europea, se enfoca en construir un sistema económico competitivo e inclusivo, que signifique para sus estados miembros: empleo, productividad y cohesión social (European Commission, 2010). En América Latina, el discurso del desarrollo económico, sigue más enfocado en el crecimiento del ingreso, mientras la fragmentación social no es atendida (Sánchez, 2012). Martínez y Estefanía (2016, 20) reiteran la necesidad de “un nuevo contrato social”, que dé respuesta a las necesidades del creciente número de personas vulnerables, el cual sitúan entre la clase más pobre y la clase media y que ubican como el más numeroso en la región.

“Existe una preocupación generalizada sobre el debilitamiento de la cohesión social en México relacionado, entre otras cosas, con el proceso de urbanización acelerado que se vive en muchas ciudades del país” (México Evalúa y Fundación Hogares, 2015, 7). En el estudio de la cohesión social, diversos autores han mostrado como mayores niveles de ésta, reducen la mortalidad (Inoue, Yorifuji, Takao, Doi y Kawachi, 2013), aumentan el desarrollo humano (Bilbao-Ubillos, 2013), mejoran los índices de satisfacción residencial (Vargas y Merino, 2012) y potencian el crecimiento económico a través del fortalecimiento de la calidad institucional (Easterly, Ritzen y Woolcock, 2006 y CEPAL, 2007 citando a Ocampo, 2004) y de la confianza entre las partes (Granovetter, 2005).

Para Luckmann (1996), el hombre socializado es la condición fundamental para la existencia de la sociedad y, a su vez, la sociedad permite al homo sapiens ser homo sapiente, llevándole a ordenar sus intereses en términos de los intereses de los demás. A este respecto, Berger (1999) advierte como el pluralismo descompone la unidad de los sistemas de valores y presiona hacia un cambio social, orientado a mantener la cohesión social a través de nuevos medios e instituciones. En su postura crítica de la modernidad, Lipovetsky (2016, 300) señala: “Vivimos en democracias vaciadas de toda ′religión civil′, de toda fe en grandes proyectos colectivos: la civilización de lo ligero ha vaciado de su sustancia los deberes cívicos y la idea de la obligación ante objetivos sociales superiores”.

En el ámbito de la teoría económica, desde mediados del siglo pasado, Gurley y Shaw (1955) ampliaron la explicación del modelo keynesiano de crecimiento económico e incluyeron a la profundidad financiera como causa y a la vez efecto del desarrollo económico. Más recientemente, Bencivenga y Smith (1998) precisaron las circunstancias bajo las cuales se genera el círculo virtuoso establecido por Gurley y Shaw, Makesh y Kuzhuvelil (2014) ubican a la inclusión financiera como determinante de la inclusión social y de un desarrollo más incluyente y Goetzman (2016) muestra cómo, históricamente, las innovaciones financieras han sido determinantes en el desarrollo de la civilización.

Si bien la socialización del individuo puede darse a través de diversos causes, el presente estudio analiza y estima la influencia que la inclusión financiera ejerce sobre el nivel de cohesión social entre los municipios de México. Este último concepto, que recientemente fue integrado como indicador de vulnerabilidad social, en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en México.

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2015), 55.3 millones de habitantes, es decir el 46.2 por ciento de la población en 2014, vivía en algún nivel de pobreza y sólo un 20.5 por ciento de los residentes mexicanos no se encontraban en pobreza o vulnerabilidad social. En el renglón de cohesión social, el CONEVAL sitúa al 51.5 por ciento de los municipios mexicanos en un nivel bajo, en estos municipios, en el año 2010, habitaba el 17.8 por ciento de la población total nacional.

El diagnóstico del cual parte el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), describe a un pueblo mexicano cuya principal preocupación es la inseguridad, también reporta que entre 2007 y 2012 el número de homicidios y extorsiones se duplicó, el de secuestros se triplicó y la tasa de victimización alcanzó a casi un cuarto de la población. En respuesta a esta delicada situación, el PND contempla 5 ejes de política pública, dentro del primer eje: “Lograr un México en Paz”, encarga la creación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), a la Comisión intersecretarial para la prevención social de la violencia y la delincuencia (2013), el primero de los dos objetivos generales de este programa, establece el construir comunidades más seguras, cohesionadas e inclusivas (p. 21).

Si bien la cohesión social es un objetivo prioritario a nivel federal, la inclusión financiera se vislumbra también en la estrategia nacional, como un camino de acceso a dicha cohesión, así, en materia de inclusión social y financiera, el PND, diseñado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2013), dentro del eje: México incluyente, establece en su objetivo 2.2: “Transitar a una sociedad equitativa e incluyente” (p. 116); por su parte, en el eje: “México próspero”, el objetivo 4.2 dice: “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento” (p. 132).

Las condiciones del desarrollo financiero en México a nivel regional, pueden ser vistas a través de los saldos de la captación estatal en moneda nacional y extranjera realizados por la banca comercial. Información para el año de 2010, obtenida en el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI y cálculos propios, permiten observar que el 69.6 por ciento de la captación a nivel nacional se realizó en el Distrito Federal, seguido con un 13.1 por ciento en Nuevo León y 2.9 por ciento en Jalisco. 27 de las 32 entidades federativas mexicanas, recibieron individualmente menos del 1 por ciento del total de captación nacional. Esta realidad habla de una alta concentración de la actividad financiera formal en pocas zonas del país y es sugerente del reto que aún representa la inclusión financiera en México, donde grandes grupos sociales tradicionalmente han sido excluidos de las fuentes de financiamiento para su actividad productiva y social.

Los esfuerzos por aumentar la inclusión financiera en México aún tienen un camino por recorrer, así lo manifiestan Peña, Hoyo y Tuesta (2014), quienes basados en los datos recabados en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estudian las determinantes de la inclusión en México, en sus conclusiones afirman:

Aunque el 73% de los municipios en México (con una cobertura de 97% de la población adulta) tiene al menos un punto de acceso al sistema financiero, esta cobertura es inferior a otros países de referencia en Latinoamérica como Brasil y Chile, e incluso Perú. La oferta alcanzada gracias a cambios regulatorios y a la política pública de inclusión financiera, sólo ha permeado al 38% de los adultos entre 18 y 70 años quienes tienen algún producto de ahorro o de crédito en instituciones financieras formales. (Peña, Hoyo y Tuesta, 2014: 21)

Entre 2012 y 2015, el porcentaje de adultos que afirmaron contar con al menos un producto de ahorro pasó de 36 a 76.5 por ciento. Por su parte, en el renglón de uso del crédito, el movimiento en dicho lapso fue de 28 a 54.4 por ciento (SHCP, CNBV, INEGI, 2012, e INEGI, CNBV, 2015). En los términos del presente estudio, estos cambios lucen promisorios en materia no sólo de inclusión financiera, sino también social.

La exclusión significa importantes riesgos para el funcionamiento armónico de cualquier sociedad. Fuentes (2008), señala: “La exclusión social implica rechazo, violencia y negación de derechos a veces de la propia existencia de personas, familias o comunidades enteras” (Fuentes, 2008: 187). El mismo autor indica que la actual dinámica del capital global, concentrado en pocas manos, significa la marginación de muchos individuos que no cuentan con las capacidades para participar en los mercados globales y locales, para los cuales se cancela la interacción con el resto de la sociedad, un rasgo de nuestro tiempo al cual considera: “un racismo económico inédito en la historia moderna.” (Fuentes, 2008: 192).

A través del uso de métodos estadísticos, la presente investigación prueba la relación no lineal esperada entre el nivel de inclusión financiera existente en las entidades municipales y su efecto en el nivel de cohesión social en los mismos. Esta comprobación es la primera en su tipo realizada para México y resulta de particular importancia, ante el renovado interés por la construcción del tejido social, como medio para acceder a una vida mejor, tanto en lo individual, como en lo colectivo. La investigación aporta elementos de juicio sobre los posibles efectos derivados de las recientes acciones de política pública, incluidas desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 y continuadas en el PND 2013-2018, encaminadas a incrementar el acceso y el uso, al y del sistema financiero formal por parte de los residentes mexicanos de todos los estratos sociales, tendencia reciente que no es privativa de México, sino que se extiende también a otros países de ingresos medios y bajos, donde los escenarios socioeconómicos son similares al mexicano.

La presente investigación contribuye al estudio de los efectos del desarrollo financiero sobre la estructura social de dos formas, la primera en términos de realizar una nueva propuesta teórica, donde la cohesión social es influida de manera no lineal por la inclusión financiera; y la segunda al proveer evidencia estadística de esta teoría, para el caso de los municipios de México.

El resto del documento contempla cuatro apartados. A continuación, se plantea el marco teórico y la revisión de literatura referente al fenómeno de estudio. Luego se presenta el modelo propuesto para la estimación econométrica, su estructura basada en la discusión teórico-empírica y su especificación, dadas las actuales mediciones de las variables que intervienen en el fenómeno. Finalmente, se interpretan los resultados de las estimaciones y se concluye.

El presente apartado contiene los conceptos básicos de inclusión financiera y cohesión social, aborda los planteamientos teóricos sobre la relación existente entre estas dos variables y finalmente, da cuenta del incipiente estado que guarda la literatura que ha reportado pruebas empíricas en el estudio de la cohesión social.

El presente estudio estima la relación entre las variables de inclusión financiera y cohesión social controlando para variables concomitantes.

Partiendo de las propuestas teóricas de Gurley y Shaw (1955), Bencivenga y Smith (1998) y Makesh y Kuzhuvelil (2014), se probará la influencia de la inclusión financiera en la cohesión social, relación expresada en la ecuación 1. Donde la inclusión financiera medida por el lado del acceso al sistema (iia_j) o en cuanto al uso del mismo (iiu_j), determina a la cohesión social del j-ésimo municipio (cs_j).

c s j = f ( i i a j   o   i i u j , ...) (1)

Donde:

cs_j: Cohesión social;

iia_j : Índice de inclusión financiera según acceso al sistema financiero formal; e

iiu_j: Índice de inclusión financiera según el uso del sistema financiero formal.

Tal como establecen Chan, et al. (2006), no existe una teoría consensada de cohesión social, sino que ésta se encuentra en discusión. La revisión de literatura del presente estudio permitió también ver que hay diversos niveles a los cuales se entiende el fenómeno de la cohesión social: Entre los países; hacia dentro de los países; entre las regiones de un mismo país; en el ámbito del barrio; y entre las personas más allegadas. En cada uno de los niveles, la cohesión puede obedecer a diferentes aspectos, por su parte, en todos ellos refiere el sentido de unión que hay entre las partes. En la aproximación empírica del presente estudio, se analiza la cohesión social entre las regiones de México, definidas éstas desde su concepción geopolítica, como los 2,456 municipios que conformaban al país en el año de 2010.

En el análisis se emplean los datos de cohesión social de CONEVAL (2015, b). En el sentido de CONEVAL, cohesión social es una variable binaria que clasifica a cada municipio mexicano como de baja (0) o alta (1) cohesión (cs_j). De acuerdo a CONEVAL (2015), la construcción de este indicador contempla cuatro elementos: a) El coeficiente de Gini; b) La razón de ingresos entre el grupo en pobreza extrema y el no pobre ni vulnerable; c) La existencia de polos poblacionales; y d) La percepción de participación en redes sociales.

En cuanto a la inclusión financiera, en el presente estudio se sigue la definición del CONAIF (2015), la cual contempla tanto el lado del acceso al sistema financiero formal, como el uso del mismo. De acuerdo a esta concepción, se construyen dos índices sumativos, como variables que permiten aproximar el nivel de inclusión financiera municipal. Se emplean datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2015) referentes a tres diferentes puntos posibles de acceso: Sucursales bancarias, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, por cada 10,000 habitantes, con ellos se construye el índice de acceso (iia). De la misma base, se consideran los datos de 8 tipos distintos de contratos entre unidades del sistema financiero y el público por cada 10,000 habitantes, para construir un índice de uso (iiu). Esta forma de medición de ambos índices es propuesta y empleada en Salazar et al. (2015).

Como fue expuesto en el apartado de marco teórico y de revisión de la literatura, desde la sociología y la psicología social, se relaciona a la cohesión social con diversos aspectos de los grupos poblacionales, entre ellos: la influencia que representa el pertenecer a alguna etnia, el nivel de ingresos y de educación de los elementos del grupo, así como el nivel de intervención del gobierno en la sociedad, expresado a través de la variable de gasto público municipal, aspectos que influyen en el carácter social del grupo. En el presente estudio, dichos elementos serán considerados variables de control, que al ser contempladas dentro del modelo general, expresado en (1), llevarían a la siguiente relación funcional (2):

c s j   =   f ( i i a j   o i i u j ,   i n g j ,   e d u j ,   i d e l j ,   g p u b p j , … ) (2)

Al pasar la ecuación (2) a su forma explícita, se construye la ecuación (3), misma que será utilizada en la estimación para comprobar la posible influencia de la variable de inclusión financiera sobre la cohesión social. Dada la relación no lineal esperada entre la inclusión financiera y la cohesión social, en la ecuación (3) se incluye la variable explicativa de inclusión financiera tanto en niveles, como en su término cuadrático, lo mismo se hace con la de ingreso, según la expectativa teórica basada en Kuznets (1955), de una relación no lineal entre éste y la distribución del ingreso y entonces con el nivel de cohesión social, según la medición de esta última del CONEVAL.

c s j = a + β 1 i f j + β 2 i f j 2 + β 3 i n g j + β 4 i n g j 2 + β 5 e d u j + β 6 i d e l j + β 7 g p u b p j + ε (3)

Donde: cs _j : Cohesión social;

if_j : Nivel de inclusión financiera, por acceso (𝑖𝑖𝑎) o por uso (𝑖𝑖𝑢);

ing _j : Ingreso per cápita medio;

edu _j : Nivel medio de educación de los jefes de hogar;

idel _j Índice de fraccionalización etnolingüística;

gpubp _j: Gasto público per cápita; y Ɛ:Término de error.

De acuerdo al marco teórico que plantea una causalidad de la inclusión financiera sobre la cohesión social y la revisión de literatura, se espera que: β 1 > 0 , β 2 < 0 , β 3 < 0 , β 4 > 0 , β 5 > 0 , β 6 < 0 y β 7 > 0 . En el Cuadro 1 se presentan las variables y sus fuentes:

Cuadro 1 Fuente: Elaboración propia.

Dado que la muestra utilizada en esta investigación está altamente balanceada entre ceros y unos para la variable dependiente (51.5% y 48.5%, respectivamente), “se esperan resultados muy similares al utilizar los modelos de probabilidad probit y logit binarios” (Greene, 2012: 734-735). Adicionalmente, conforme a IDRE-UCLA (2015), la selección de uno de estos dos modelos “depende principalmente de las preferencias individuales”. Con base en lo anterior, el método de estimación que se emplea en el presente estudio al realizar inferencia estadística sobre el concepto de cohesión social medido en forma binaria, es el de probit. La variable dependiente es la binaria de cohesión social, la cual será explicada por el nivel de inclusión financiera (iia, iiu), dado el grupo de variables de control (ing, edu, idel y gpubp). A continuación, se presentan los resultados tanto de la parte descriptiva como de inferencia estadística.

El Cuadro 2 presenta la estadística descriptiva de las variables que intervienen en la comprobación. En 2010 se contaban 2456 municipios en México, de la información encontrada en las fuentes de libre acceso, se perdieron 16 observaciones, donde los datos que permitieron el cálculo de las variables de inclusión financiera rebasaban los límites de medición esperados, sin haber encontrado alguna explicación precisa de este hecho. Por su parte, tanto en la variable de diversidad poblacional (idel), como en la de gasto público per cápita (gpubp), el número de observaciones difiere del total de municipios debido a que no existen datos para algunos de ellos.

Cuadro 2 Fuente: Elaboración propia.

El grupo de municipios con baja cohesión, según la medida de CONEVAL, es ligeramente mayor al de alta cohesión, por ello la media de csd se acerca a un medio. Por su parte, al considerar esta variable calculada según la propuesta de Boltvinik (2010), csb, la cual considera la proporción que en la mediana nacional del número de procesados del fuero común por cada mil habitantes, representa la diferencia entre dicha mediana y el número de procesados en cada municipio, la mediana de este indicador tiene un número positivo, cercano a cero, el cual indicaría que más de la mitad de los municipios (1073 de 2118, 50.7 por ciento) cuentan con cohesión media, alta o muy alta, dicho resultado es similar al que arroja la variable binaria de CONEVAL, ello aumentó la confianza en el uso del índice construido y publicado por CONEVAL.

La inclusión financiera muestra una mediana nacional de 1.5 puntos de acceso y 574 cuentas, por cada 10,000 habitantes en 2010. También se encontraron 231 municipios donde ambos índices tomaron el valor de cero, la mayoría de ellos situados en el estado de Oaxaca.

El promedio municipal del PIB per cápita de 2010, a precios de 2003, fue de casi 80 mil pesos. Por su parte, la diferencia de este indicador entre los municipios de menor y mayor monto fue de casi 141 veces. La diferencia entre el nivel educativo medio de los jefes de hogar en el municipio con menor número de años cursados y el de mayor número, fue de 10 veces, la media nacional de esta variable fue de 5.6 años, lo que indica un nivel promedio menor al de la educación primaria completa.

En los municipios con mayor diversidad etnolingüística, la mitad de la población habla al menos dos lenguas. Por su parte, en la mitad de los municipios mexicanos, la probabilidad de encontrar a alguien que hable una lengua indígena es menor al 3 por ciento.

El gasto público medio por persona en 2010, fue de 3959.6 pesos, es decir, el equivalente a 2.4 veces el salario mínimo general mensual, o lo que es lo mismo, un promedio de 0.85 dólares diarios por persona, considerando el tipo de cambio de junio de ese año. Finalmente, la media y mediana de procesados del fuero común por cada 1000 habitantes son cercanas a 1 y en 69 municipios el valor fue de 0. A continuación, en el Cuadro 3 se presentan los resultados de la estimación de (3).

Cuadro 3 Fuente: elaboración propia.

Se estimaron 2 ecuaciones para probar el efecto que la inclusión financiera tiene sobre la cohesión social. En ambos casos el modelo como un todo resultó estadísticamente significativo en términos del estadístico de razón de verosimilitud (RV)¹ y su capacidad de predicción puede considerarse alta en términos del estadístico R²p, el cual en ambos casos pasa del 83 por ciento de aciertos.² En cuanto al coeficiente de determinación de McFadden (R ²McF) fue de 48 por ciento en ambos modelos,³ lo cual se considera un ajuste moderadamente bueno.

Los coeficientes estimados para todas las variables explicativas fueron estadísticamente significativos, por su parte, los signos de dichos coeficientes prácticamente en todos los casos fueron los esperados de acuerdo a la teoría, excepto en el caso del ingreso, para el cual los signos esperados son contrarios a los obtenidos.

Los efectos marginales⁴ de las variables explicativas, evaluados en las medias de éstas, arrojan resultados significativos, que se interpretan a continuación. Un punto más de acceso al sistema financiero formal, por cada 10,000 habitantes, aumentaría en 1.75 por ciento la probabilidad de que el municipio alcance un alto grado de cohesión social, mientras que, por el lado del uso del sistema, un aumento de 1000 cuentas más por cada 10,000 habitantes, aumentaría esta probabilidad en casi 1 por ciento. Igualmente, el aumento de 1,000 pesos reales en el PIB per cápita anual, en ambos modelos aumentaría en 0.3 por ciento la probabilidad de contar con una alta cohesión social. En educación, un aumento promedio de 1 año más de preparación entre los jefes de hogar, aumentaría la probabilidad de alcanzar una alta cohesión en casi 30 por ciento en ambas ecuaciones. Por su parte, tanto en la ecuación estimada 1, como la 2, el aumento de 1 por ciento en el índice de diversidad poblacional, reduciría en 1.09 por ciento esta probabilidad. Finalmente, un aumento de 100 pesos reales en el gasto público per cápita, aumentaría en 0.3 por ciento la probabilidad de que el municipio alcance una alta cohesión social.

La interpretación de los efectos esperados de cambios en las variables de inclusión financiera sobre la cohesión social, pueden también precisarse al calcular sus puntos críticos. Siguiendo la definición de CONEVAL, las ecuaciones estimadas 1 y 2, mostradas del Cuadro 3, permiten deducir los niveles máximos, donde la inclusión financiera maximiza la probabilidad de que el municipio alcance una alta cohesión social. En la ecuación 1, el número de puntos de acceso que maximiza la probabilidad de una alta cohesión es de 21.5, y en la ecuación 2, el número de contratos que maximiza esta probabilidad es de 22,679.5, ambas medidas por cada 10,000 habitantes en el municipio.

El comportamiento de esta probabilidad, a lo largo del recorrido de las variables de inclusión financiera, puede apreciarse mejor en las Gráficas 2 y 3.

Gráfica 2 Fuente: elaboración propia.

Gráfica 3 Fuente: elaboración propia.

Los puntos críticos de inclusión financiera, por acceso o por uso, aún lucen lejos de ser alcanzados ante la situación en 2010, donde los promedios municipales se encontraron en 3 y 6135 respectivamente (ver Cuadro 2). En dicho año, un 95 por ciento de los municipios en México tenían una media de puntos de acceso igual o menor a 11, por su parte, un 90 por ciento de los municipios alcanzaba un total de 21,043 contratos o menos. Esto muestra aún una amplia posibilidad de provocar cohesión social a través del canal de la inclusión financiera, independientemente de lo que pase con el ingreso, la educación, la diversidad poblacional y el propio gasto público, variables que bien podrían considerarse con menores márgenes de maniobra en el ámbito de la política pública en el corto plazo.

Dada la alta concentración de la captación y el crédito financieros en el Distrito Federal, se realizaron todas las estimaciones eliminando los datos correspondientes a las delegaciones de esta entidad federativa. Los resultados no mostraron cambios ni en los signos de los coeficientes, ni en la significancia estadística de los mismos, por su parte la variación en magnitudes también fue mínima. Se realizaron también las estimaciones incluyendo el término de interacción entre el índice de inclusión y el de acceso, resultando dicha variable no significativa, dentro de modelos donde el resto de los coeficientes conservó signo y significancia al comparar con los modelos sin este término de interacción.

Como se señaló en el apartado teórico, el modelo de Gurley y Show (1955) observa a la inclusión financiera como un determinante del desarrollo económico, concepto más amplio que el solo crecimiento del ingreso nacional. En el presente estudio, el concepto de cohesión social se contempla como un elemento del desarrollo económico y social, tal como lo observa la LGDS. Los resultados estadísticos indicarían que en el caso mexicano se está cumpliendo aquello inicialmente propuesto por Gurley y Shaw (1955), que luego fue ampliado por Bencivenga y Smith (1998). También debe reconocerse, que el presente estudio no dispuso de suficiente información para probar la posible mutua dependencia entre inclusión financiera y cohesión social, lo cual queda como una línea de investigación, para trabajos futuros.

El 3 de octubre de 2011 se creó en México el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, con el objetivo de formular y poner en marcha la Política Nacional de Inclusión Financiera, como medio para acceder a una mayor inclusión y cohesión social. Dicha política fue aprobada el 15 de junio de 2016 por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF, 2016). El presente estudio estimó el efecto que la inclusión financiera ejerce sobre la cohesión social en los municipios de México.

A la luz de los planteamientos teóricos clásicos de cohesión social (Luckmann, 1996, Berger, 1999, Granovetter, 1973), y las propuestas teóricas económico-financieras de Gurley y Shaw (1955), Benvcivenga y Smith (1998) y Makesh y Kuzhuvelil (2014) sobre la influencia de la inclusión financiera en la inclusión social y de los conceptos de inclusión financiera de CONAIF (2015) y de cohesión social de CONEVAL (2015, b), las estimaciones realizadas con datos de SIMBAD-INEGI y CNBV (2015), permitieron obtener evidencia estadística de una relación no lineal y estadísticamente significativa entre ambas variables, controlando para otros determinantes de la cohesión social, estos últimos encontrados en la revisión de literatura de corte empírico.

Los resultados de la estimación permiten evidenciar que la política encaminada a aumentar la inclusión financiera tiene una alta probabilidad de propiciar una mayor cohesión social en el corto plazo y por varios años y con ello propiciar mejores condiciones de vida entre la población mexicana, principalmente en los municipios donde la inclusión financiera fue tradicionalmente baja o inexistente.

Las medias de puntos de acceso y uso del sistema financiero en los municipios de México se encontraban en 2010 aún alejadas de los niveles que llevarían a maximizar la probabilidad de que los municipios alcancen una alta cohesión social. Los datos más recientes sobre índices de inclusión financiera, correspondientes a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, INEGI-CNBV 2015, han permitido constatar un aumento significativo en el uso de servicios financieros y crédito entre los adultos mexicanos, pero aún distan de llegar a los puntos críticos obtenidos en el presente estudio, sobre todo al hablar del número de contratos entre el sistema y los usuarios, en la mayor parte del país, donde los promedios estatales más altos alcanzados en 2015, apenas representan una tercera parte del nivel obtenido al deducir los puntos críticos, empleando las ecuaciones aquí estimadas. Ello refuerza la recomendación de seguir ampliando los niveles de inclusión financiera, tanto por el lado del acceso al mismo, como del uso de éste.

El estudio contempló información de 2080 de los 2456 municipios de México. Este número de observaciones, obedeció a que para algunas de las variables que intervienen en las estimaciones no se contó con datos para el 100 por ciento de los municipios mexicanos, esto es una limitación de la presente investigación. Estimaciones con mayor número de observaciones y para años más recientes serían muy útiles para confirmar los resultados aquí obtenidos. Igualmente, dicha información, en conjunto con mediciones más generalizadas, sobre la cohesión social a nivel vecinal o por colonia, permitirían también verificar otras importantes caras del fenómeno y extender su comprensión hacia los efectos que conlleva sobre otras variables sociales y económicas, objetivo de las diferentes políticas públicas.

Siguiendo el modelo teórico seminal de Gurley y Shaw (1955), convendría probar la posible mutua influencia entre inclusión financiera y cohesión social. El desarrollo de nuevos instrumentos de ahorro y crédito, que contemplan la figura de grupos solidarios y microcréditos a través de canales no tradicionales, como son los dispositivos electrónicos, cada vez más presentes en los rincones alejados del país, bien podrían significar la posibilidad de una mayor inclusión financiera, como efecto de una mayor cohesión social.

Finalmente, la presente investigación de corte empírico, da pauta para considerar la posible ampliación del modelo de Gurley y Shaw (1955), ya que el caso mexicano bien puede ser representativo de lo que actualmente está sucediendo en otras partes del mundo, donde la inclusión financiera está en marcha y cuenta con amplias posibilidades de seguir creciendo a la par de las innovaciones tecnológicas y la competencia de nuevos jugadores en el campo financiero.